Página oficial del Ayuntamiento de Jerez

¿Qué entendemos por Participación Ciudadana y qué pretendemos hacer para favorecerla?

La participación ciudadana es un derecho. En su ejercicio, la ciudadanía puede comparecer en el espacio público como un actor político relevante, apto para intervenir en los procesos de toma de decisiones acerca de los asuntos de interés público y para controlar su gestión a cargo de quienes ejercen responsabilidades de gobierno y administración en el seno de las instituciones representativas.

Como tal derecho, el de participación ciudadana se encuentra expresamente reconocido por la Constitución en su artículo 23. Figura también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 21) y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU (artículo 25). También se recoge en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 30.1) y en la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 18.1 b). Todos estos textos coinciden en definir la participación como un derecho político elemental, equiparable al del sufragio activo y pasivo. De tal modo que, además de hablar de un derecho genérico a la participación en la gestión de los asuntos de interés público, cabe distinguir entre formas de participación indirecta a través de representantes electos y formas de participación directa a través de espacios y órganos expresamente concebidos para su ejercicio.

Pero además de ser un derecho accesible por definición a toda la ciudadanía, facilitar y fomentar la participación de la ciudadanía es también una obligación que nos compromete a todos los poderes públicos, tal como igualmente establecen la Constitución (artículo 9.2), el Estatuto de Autonomía (artículo 37.1) y la misma Ley de Bases de Régimen Local en relación a los Ayuntamientos (artículo 69.1).

En nuestra ciudad podemos rastrear experiencias relevantes en materia de participación ciudadana promovidas por los sucesivos gobiernos locales desde hace muchos años. En un reciente informe elaborado a instancias del Defensor del Pueblo Andaluz se da cuenta de:

·           34 estructuras municipales (áreas, departamentos, comisiones interdepartamentales, empresas municipales u organismos autónomos), más una institución externa (la Oficina del Defensor de la Ciudadanía), vinculadas directamente a la actividad municipal en materia de participación ciudadana.

·           15 órganos instituidos o en proceso de constituirse a corto plazo como cauces de participación ciudadana directa (consejos sectoriales, consejos territoriales, etc.), con más de ochenta entidades y asociaciones ciudadanas representadas en el seno de los que actualmente están operativos.

·           13 procesos participativos netamente diferenciados, abiertos o realizados o los últimos tres años.

·           13 órganos dependientes de otras administraciones públicas representados en órganos o procesos participativos.

·           18 líneas de actuación en forma de actividades o servicios complementarios de la actuación global municipal en materia de participación.

Esta abundancia de prácticas, con todos sus éxitos y fracasos, nos proporciona a día de hoy valiosos y sólidos puntos de referencia. Pero también nos hace padecer un modelo disperso, formado por aluvión, que el nuevo gobierno local se ha propuesto ordenar.

Este proyecto de reordenación de nuestro modelo de participación constituye el más importante encargo que asumimos desde el Área Municipal de Participación Ciudadana y se resume en tres objetivos fundamentales:

·           Enriquecer el mapa de espacios de participación que operan en la ciudad, llenando algunos vacíos que todavía persisten, para dar una adecuada respuesta a nuestra diversificación territorial y para abrir nuevos cauces de participación singularmente abiertos a la ciudadanía no organizada.

·           Avanzar en la definición de métodos compartidos por el conjunto de la organización municipal, partiendo de la incontestable dimensión de la participación ciudadana como un hecho transversal en el seno del gobierno y la administración local.

·           Actualizar conceptualmente nuestro discurso y nuestras prácticas participativas, distanciándolas de su consideración como un mero conjunto de mecanismos para la gestión de la demanda ciudadana, en favor de un mayor énfasis en la creación de espacios deliberativos abiertos para la discusión de las políticas públicas municipales.