¿Por qué se crea y para qué sirve?



La violencia de género es un mal endémico que padecen todas las sociedades y culturas, y tal y como aseveró la Asamblea General de Naciones Unidas, es la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Así mismo Naciones Unidas, en el seno de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, expuso que la violencia de género es un claro obstáculo para el logro de objetivos tan fundamentales como son la igualdad, la paz y el desarrollo mundial, así como una violación flagrante de los derechos humanos.

Primera causa de muerte entre las mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la violencia de género es la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres de entre 15 y 44 años, por encima de las guerras, el cáncer o los accidentes de tráfico. Según la OMS, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo.

A estas alturas del siglo XXI nadie duda de que la violencia de género es un grave problema social y, como tal, los poderes públicos tienen la obligación de poner en marcha cuantas medidas y recursos sean necesarios para su erradicación.

Avances legislativos

A lo largo de los últimos años se han producido en nuestro país importantes avances legislativos en materia de violencia de género, tanto a nivel estatal como autonómico. Así mismo, se han atendido recomendaciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales como la ONU, cuyas Convenciones, aprobadas en el seno de su Asamblea General, son el marco de referencia y, cabría afirmar, el punto de partida de nuestra legislación estatal en la lucha contra este tipo de lacra social. De ellas, cabe destacar la CEDAW, Convención para la eliminación de todas las de discriminación contra las mujeres, aprobada en 1979 y ratificada por España en 1984, y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres aprobada en 1995, mediante la que los países firmantes, entre ellos España, se comprometían a luchar activamente contra este tipo de violencia.

Por otro lado, las distintas normativas aprobadas han determinado la creación de nuevos recursos y organismos destinados exclusivamente a atender a las mujeres y sus hijas e hijos a lo largo del proceso. Así mismo, han recogido en su articulado la creación de nuevos órganos destinados fundamentalmente a analizar la eficacia de las respuestas institucionales frente a la realidad del fenómeno de la violencia, a la vez que a aportar a las diferentes administraciones propuestas, con el fin de optimizar la calidad de la atención que se ofrece a las mujeres que sufren violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos, así como a sugerir planes y programas para la prevención de este mal.

Concretamente, tanto la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en Andalucía disponen la creación de un órgano encargado de recoger y analizar cuantos datos sean necesarios al objeto de proponer medidas concretas para la prevención y erradicación de este tipo de violencia. Dicho órgano establecerá cuantas líneas de investigación y estudio sean necesarias para avanzar en el conocimiento de la etiología y consecuencias de la violencia.