El Gobierno municipal llevará al Juzgado el presunto acceso indebido a 4.500 documentos municipales por parte de dos empleados
El Consistorio adopta esta medida ante la gravedad de los hechos por no quedar otra vía tras el acoso a funcionarios en la tramitación del expediente disciplinario abierto
La primera teniente de alcaldesa y delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha comparecido en la mañana de hoy para informar sobre la denuncia ante el Juzgado de los hechos motivadores del expediente disciplinario a dos trabajadores municipales iniciado el pasado 30 de noviembre.
Laura Álvarez ha lamentado que “obligados por el clima de amenazas y las maniobras obstruccionistas por parte de sindicatos municipales, y de una de los dos empleados afectados por el expediente, será el Juzgado el que tendrá que determinar las responsabilidades. Proclamando su estatus de inmunidad sindical, han evitado que podamos solucionar el expediente disciplinario con discreción y con garantías”. Han estado presentes en la comparecencia los delegados José Antonio Díaz y Jesús Alba.
La delegada de Recursos Humanos ha reiterado que el Gobierno había iniciado un procedimiento disciplinario garantista y respaldado por la ley, manteniendo la privacidad de los trabajadores afectados, y sin dar difusión a los hechos objeto de investigación. En este sentido, el Gobierno muestra su repulsa a los hechos de “hostigamiento sufrido por los dos funcionarios de carrera que tenían encomendada la tramitación del expediente disciplinario, con la irrupción de más de veinte sindicalistas en el despacho del instructor y secretaria, amedrentando a los dos funcionarios”.
Laura Álvarez ha hecho referencia al informe realizado por el instructor y la secretaria del expediente, uno de los cuales ha tenido que acogerse a una baja médica tras lo sucedido, en el que detallan haber sufrido gritos e insultos como “inquisidores”, “comprados”, “nos mandaron a callar”, “nos fotografiaron sin nuestro conocimiento vulnerando nuestro derecho a la intimidad”.
Para evitar nuevas situaciones de acoso a funcionarios municipales, se ha aprobado en Junta de Gobierno Local la presentación de los hechos motivadores del expediente disciplinario en el Juzgado.
Laura Álvarez ha señalado que “este Gobierno tiene claro que no sería justo someter a otros funcionarios a este acoso, estamos obligados a proteger a toda la plantilla contra ataques a su persona o profesionalidad. Es lógico pensar que sus acciones intimidatorias continuarán. Por responsabilidad, no podemos destinar a otro funcionario a este procedimiento disciplinario, y no tenemos otra vía que poner en manos de la justicia los hechos por lo que se abrió el expediente disciplinario”.
El Gobierno municipal dará traslado al Juzgado de los hechos motivadores de este proceso disciplinario. Laura Álvarez explica que “la alerta surge a final de agosto por fuga de información de un expediente de Urbanismo. Tras comprobaciones pertinentes en el sistema informático, se localiza que estos dos empleados, sin tener que ver con su trabajo, acceden a ese expediente. Desde 2017 se habían dedicado a entrar al Sistema de Información Municipal para ver documentos de todo tipo. Se da la circunstancia de que la empleada accedió con la clave del otro trabajador, porque la suya no le daba acceso”.
Laura Álvarez detalla que “se han contabilizado más de 4.500 accesos indebidos a expediente y documentos municipales. Estos documentos no tienen que ver con su trabajo. 1.500 expedientes de Urbanismo; entre ellos solicitudes de licencias de obras de ciudadanos, expedientes de aperturas de negocios, proyectos municipales de obras; más de 2.800 accesos al registro municipal, viendo escritos de ciudadanos, de empresas, partidos…; 140 informes de intervención municipal; información sobre mesas de contratación; tres años dedicados a entrar al SIM para ver documentos, con datos personales de ciudadanos y empresas . Y en el caso de la delegada sindical, utilizando la clave del otro compañero”.
Desde el Ayuntamiento, ante estos hechos, y antes de acordar abordar el expediente disciplinario, se contrató a un perito informático para corroborar lo sucedido, “otorgando certeza total sobre ellos”. La delegada señala que “en un mundo regido por la ley de protección de datos, llevan tres años accediendo a más de 4.500 expedientes plagados de datos personales. ¿con qué fin? ¿qué uso? ¿con quién se compartió? La instrucción del expediente disciplinario lo iba a investigar, pero se ha querido desviar la atención de esos hechos con maniobras malintencionadas”.
El Gobierno municipal invita tanto al grupo municipal del Partido Popular como a los sindicatos municipales a comparecer y valorar los hechos objeto del expediente disciplinario, aclarando si apoyan esa utilización de las herramientas informáticas municipales.
Laura Álvarez señala que “damos un paso al frente acudiendo a la Justicia para que se pueda investigar los hechos sin presiones ni amenazas a funcionarios municipales. Los empleados son la columna vertebral de la Administración y vamos siempre a defenderlos de situaciones de acoso y presiones. La plantilla municipal conoce perfectamente sus obligaciones y trabajan de forma responsable como trabajadores públicos que son”.