Nota de Prensa: Ayuntamiento de Jerez - Página oficial

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha informado en el transcurso de una reunión mantenida con los alcaldes de las Entidades Locales Autónomas que el Ayuntamiento concederá la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026 a un total de 1.473 fincas urbanas de la zona rural de Jerez que resultaron afectadas por los desalojos decretados con motivo de las inundaciones registradas en distintos núcleos de población del término municipal.

Esta medida, tal y como ha señalado la alcaldesa, supondrá “un alivio económico para las familias o empresas afectadas y representa una cuantía global de 176.154,22 euros, importe que posteriormente se solicitará al Estado para que sea compensado  al Ayuntamiento, tal y como contempla la normativa estatal vigente”. Asimismo, ha informado que desde el Ayuntamiento se ha optado por tramitar estas ayudas de oficio para agilizar al máximo su aplicación y evitar cargas administrativas innecesarias a las familias o empresas afectadas.

La actuación se enmarca en las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero aprobado por el Estado, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, y permitirá que los propietarios de los inmuebles afectados, ya sean viviendas, o fincas con uso comercial, deportivo, industrial o de almacén, queden exentos del pago del impuesto correspondiente al presente ejercicio.

La medida afecta al conjunto del recibo anual del IBI correspondiente a 2026. Aunque el impuesto se recauda en dos periodos semestrales, la exención se aplicará sobre la totalidad del ejercicio. Tal y como ha explicado la alcaldesa, el Ayuntamiento está preparando las resoluciones, que se notificarán individualmente a cada familia beneficiaria de esta exención, con el objetivo de hacerlo antes de que finalice el plazo de pago voluntario para evitar molestias a los ciudadanos, que no tendrán que realizar ningún trámite previo para beneficiarse de la exención, lo que permitirá una gestión más rápida y eficaz de la medida.

Asimismo, en aquellos casos en los que el contribuyente hubiera abonado ya alguno de los recibos correspondientes al ejercicio 2026, el Ayuntamiento procederá a la devolución de las cantidades ingresadas.

Para determinar a las personas a las que se les anularán los recibos, se ha trabajado  haciendo uso de la información oficial relativa a las zonas evacuadas durante la emergencia. De esta forma, y a partir de las resoluciones emitidas por las administraciones competentes, en las que se identificaban las barriadas que tuvieron que ser desalojadas de forma completa, se ha realizado el cruce de datos con los registros tributarios municipales para localizar las fincas urbanas afectadas.

Este trabajo ha permitido identificar 1.473 inmuebles urbanos susceptibles de acogerse a la exención fiscal, “una cifra que nos recuerda la magnitud de la incidencia que tuvieron las inundaciones en distintos puntos del municipio”, ha subrayado la alcaldesa.

No obstante, el Consistorio mantiene abierta la posibilidad de analizar situaciones particulares que pudieran no haber quedado inicialmente recogidas en la relación elaborada. En este sentido, García-Pelayo ha explicado que “aquellas personas que consideren que sus inmuebles han sufrido daños como consecuencia directa de las inundaciones y que pudieran reunir los requisitos establecidos en la normativa podrán presentar la correspondiente solicitud para su estudio individualizado. En este caso, los servicios municipales valorarán cada petición y comprobarán la documentación acreditativa que permita determinar si procede o no el reconocimiento de la exención”.

Una vez formalizadas las exenciones de pago del recibo de IBI de 2026, el Ayuntamiento iniciará un segundo procedimiento administrativo dirigido a solicitar al Estado la compensación económica prevista en el propio Real Decreto-Ley. “Esta compensación permitirá que las arcas municipales recuperen los ingresos tributarios que dejarán de percibirse como consecuencia de la aplicación de esta medida extraordinaria, garantizando así el equilibrio financiero de la administración local y la continuidad de los servicios públicos”, ha subrayado la alcaldesa.

Junto a la exención del IBI urbano para los inmuebles afectados por los desalojos, la normativa estatal contempla también medidas de apoyo dirigidas a las explotaciones agrarias afectadas por el temporal. “En este caso – ha reseñado la alcaldesa - la tramitación seguirá un procedimiento diferente ya que será necesario esperar al cierre del ejercicio para poder acreditar el impacto económico sufrido por cada explotación”.

Entre otros requisitos, los titulares de explotaciones agrarias deberán acreditar haber sufrido una disminución de sus ingresos superior al 20% en comparación con la media de los tres últimos años. Sin embargo, para acogerse a esta ayuda, deberán esperar a que finalice el año para poder acreditar dicha pérdida. Por este motivo, estas ayudas no podrán gestionarse hasta el próximo año, una vez se disponga de toda la información económica necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Con la aplicación de esta medida tributaria, el Gobierno municipal reafirma su compromiso, en palabras de la regidora,  “de seguir trabajando en colaboración con otras administraciones para facilitar la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones y garantizar que las medidas de apoyo lleguen de forma rápida y efectiva a los vecinos perjudicados”.

En este sentido, la exención del IBI para más de 1.400 inmuebles constituye una nueva actuación orientada a reducir el impacto económico sufrido por las familias afectadas y a favorecer la recuperación de la normalidad en los núcleos que tuvieron que ser evacuados durante la emergencia.