Susana Sánchez: “El presidente de la FEEM quiere notoriedad política a base de intoxicar e insultar al Gobierno municipal"
La delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, ha dejado claro que el Ayuntamiento de Jerez ni miente ni tiene una estrategia contra las ELA's de Jerez, sino todo lo contrario, ha demostrado durante esta legislatura su fidelidad en la defensa de los derechos de las pedanías, por ello lamenta, una vez más, que el presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) quiera notoriedad política a base de insultar e intoxicar al legítimo y democrático Gobierno municipal de Jerez para, posiblemente, resarcirse de esta forma de su fracaso como candidato de Independientes de La Redondela (IRL) en las elecciones de mayo de 2011; una notable derrota política que le supuso dejar la alcaldía de la pedanía onubense después de doce años de mandato tras perder el apoyo de sus propios vecinos.
La delegada municipal recuerda, al ahora concejal de La Redondela, que el Gobierno municipal del PP ha puesto orden, con el apoyo de la Secretaría de Intervención, en las cuentas de las ELA's jerezanas, "tras años de clientelismos y falsas promesas", y añade que el Gobierno municipal del PP reconoce que la deuda total pendiente con las siete pedanías es de 5.338.556 euros, de los que 3.321.322 millones de euros, la mayor parte de la deuda, tiene su origen en la anterior legislatura del PSOE. "Al principio de la legislatura nos comprometimos a presentar un plan de pagos", ha matizado. De hecho, el Gobierno municipal del PP ha abonado, en apenas tres años y medio de legislatura, un total de 14.341.364 millones de euros a las pedanías jerezanas y, además, ha asumido el pago de 1.651.923 de euros de la deuda que tenían las pedanías con la Seguridad Social. "Luego, hemos pagado 16 millones de euros, por lo tanto ni ha habido estrangulamiento económico ni desestabilización política alguna de este Ayuntamiento hacia las ELA's de Jerez, lo que si hay continuamente son intoxicaciones informativas, insultos y ataques personales al legítimo y democrático Gobierno municipal de Jerez por parte del ex alcalde de La Redondela, que ahora hace carrera política al frente de la FEEM", subraya Susana Sánchez.
La delegada de Medio Rural señala que el Ayuntamiento de Jerez ni pisotea derechos de las pedanías ni admite lecciones de moralidad por parte de una persona que "intentan ocultar su frustración personal detrás de unas siglas". "En La Redondela conocen de sobra las maniobras del ahora concejal de ILR para aferrarse al cargo de alcalde", subraya la delegada.
Susana Sánchez emplaza al presidente de la FEEM a leerse el Estatuto Jurídico de las ELA's de Jerez, que democráticamente se aprobó en Pleno el pasado 25 de julio, y tome nota de su importancia porque por primera vez están definidas las relaciones jurídicas y las competencias entre el Ayuntamiento y los Ayuntamientos pedáneos, y vienen igual de claras las reglas del juego de la financiación, basada en las liquidaciones de las recaudaciones de los impuestos municipales ingresados por la ELA y en el porcentaje de población cuando se trata de transferencias de otras administraciones. "Los convenios, cuya negociación está abierta, no son ningún paripé, porque son el instrumento que regula de manera muy clara la relación económica de cada pedanía. Los alcaldes están recibiendo una propuesta económica para que realicen las aportaciones que estimen oportunas y decidan qué servicios quieren o pueden prestar. Además, se garantiza que ninguna pedanía va a recibir menos de los que ha estado recibiendo", ha señalado la delegada.
En relación a las declaraciones vertidas sobre la concesión del agua, la delegada reitera una vez más que “el Gobierno municipal no se opone ni se opondrá al traspaso de la gestión directa del agua a las tres pedanías, es más el Ayuntamiento ha realizado todas las gestiones necesarias ante la empresa concesionaria del agua para proporcionar toda la información demandada por las ELAs para poder prestar el servicio desde la propia entidad”. La delegada lo que deja claro que el Gobierno no puede respaldar un acuerdo que no se ajusta a derecho en relación al informe realizado por la Subdelegación del Gobierno sobre el convenio firmado con la Mancomunidad para la encomienda de la gestión del servicio”.