El Pleno aprueba acogerse al Fondo de Ordenación para garantizar el pago de sentencias judiciales sin comprometer la liquidez municipal
Francisco Delgado destaca que la aprobación del expediente “no crea deuda”, sino que permite hacer frente a obligaciones que ya existen como consecuencia de resoluciones judiciales
El Pleno ha aprobado la solicitud de adhesión del Ayuntamiento al compartimento del Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales, fijando la necesidad financiera para el ejercicio 2027 en 2.170.997,49 euros; cabe recordar que este mecanismo financiero del Estado permite a las entidades locales afrontar este tipo de obligaciones sin que su pago inmediato afecte de forma significativa a la liquidez municipal.
El delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, ha explicado que esta propuesta está destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento y a la necesidad de afrontar las resoluciones judiciales en las mejores condiciones financieras posibles. “El objeto es obtener la financiación necesaria para ejecutar el pago de sentencias judiciales firmes que tiene el Ayuntamiento por el citado importe, y en aplicación de la D.A. 1 R.D. 6/2015, aquellas otras que, no siéndolo, se prevea que lo podrían ser a la fecha de otorgamiento de la financiación prevista para 2027”.
La propuesta aprobada incluye también la aceptación de la supervisión y el control del Ministerio de Hacienda, así como el compromiso del Ayuntamiento de dotación del Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por un importe equivalente al 1% de los gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes en el proyecto de presupuesto del siguiente ejercicio.
En cuarto lugar, el acuerdo contempla la revisión del Plan de Ajuste que se acompaña y su remisión al Ministerio de Hacienda por la Intervención Municipal, junto con la documentación anexa y sentencias y procedimientos que se incluyan.
Mediante este mecanismo, “cumplimos con los principios de seguridad jurídica y prudencia financiera. En cuanto al primero cumplimos el mandato ejecutando sentencias firmes, evitando que sigan corriendo intereses de demora que multiplican la deuda cada día que pasa. Y en cuanto al segundo, convertimos una deuda judicial inmediata en una operación de crédito a largo plazo, en condiciones financieras más favorables y protegidas por el Estado. La gestión de una Hacienda local no se basa en el voluntarismo, sino en el marco normativo. Retrasar, bloquear o eludir el pago de una sentencia firme, no solo es ilegal sino económicamente temerario”, ha subrayado Francisco Delgado.
Condiciones financieras más favorables
Asimismo, el delegado ha insistido en que la aprobación del expediente “no crea deuda”, sino que permite hacer frente a obligaciones que ya existen como consecuencia de resoluciones judiciales. “El voto de todos ustedes no crea deuda. Es una sentencia, un documento que nos obliga a pagar; es un título ejecutivo y nos obliga a pagar una deuda que ya tenemos, que no hemos creado”, ha manifestado en respuesta a las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista, relacionadas con la deuda municipal.
En este sentido, ha subrayado que “nosotros lo que hacemos con la deuda es encauzarla, financiarla y cumplirla”, rechazando, además, que la revisión del Plan de Ajuste deba interpretarse como “un castigo. El Plan de Ajuste es la hoja de ruta que garantiza que los ayuntamientos gastan con criterio y bajo control técnico”, ha afirmado.
El responsable de Economía y Hacienda ha explicado igualmente que acudir al Fondo permite disponer de unas condiciones financieras más favorables que las que tendría que asumir el Ayuntamiento en caso de incumplimiento de la ejecución de una sentencia. “Esto, además de ordenar la deuda, la garantiza y las condiciones son mucho más favorables”, ha señalado.